Lo que se había anunciado como la vuelta a la actividad judicial en Granada ha acabado en un encontronazo con las dificultades de la nueva realidad. La familia de José Manuel Arcos tendrá que seguir esperando que la justicia dictamine sobre la muerte del guardia civil, sucedida en octubre de 2018. Los representantes legales de la defensa, la acusación y la fiscalía han coincidido en que la sala donde se iba a celebrar el juicio no reunía las condiciones de higiene y seguridad necesarias para prevenir el contagio del coronavirus en la provincia andaluza con más fallecidos por la pandemia.
Aunque estaba previsto que todos los asistentes portaran mascarillas y estuvieran separados por mamparas de metacrilato, hechos como el uso compartido de los micrófonos no ofrecían garantías a la defensa, que ha aludido también a que la situación podría condicionar el ánimo del jurado encargado de enjuiciar la causa. La magistrada ha decretado el aplazamiento sin fijar una nueva fecha.
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