Se trata de un texto trabajado en la Mesa General de Negociación Común del personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración autonómica. El objetivo, según el portavoz del Gobierno autonómico, Elías Bendodo, es lograr un empleo público de calidad, cualificado, profesionalizado y eficiente. También comprometido con la realidad social y con la excelencia en la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía, en una Administración del siglo XXI.
Entre otras novedades, la nueva ley de Función Pública adapta los procesos de selección a los opositores con pruebas más prácticas y dando menos importancia a las que se basan en la exposición memorística. También reconoce el desarrollo profesional de los empleados públicos sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo ni de actividad. Por otro lado, se va a evaluar el rendimiento de los empleados públicos para mejorar la gestión y el servicio público. Además de reforzar la formación, el aprendizaje permanente y la acreditación de competencias. El texto para la nueva norma contempla potenciar la conciliación de la vida profesional con la personal y familiar, y la posibilidad de desarrollar el trabajo de forma no presencial.
Como decíamos, la Junta de Andalucía ha ratificado el acuerdo en esta materia con CSIF y UGT. Para este último sindicato, gran parte del trabajo realizado e inquietudes que abandera están recogidas en este anteproyecto. La secretaria de Administración Autonómica y Sector Público Andaluz de UGT, Esperanza Morales, señala que ve reflejada la defensa en lo referente a garantías, derechos y prestaciones de los servicios públicos.
Para CSIF-A, el texto resultante es un buen comienzo de cara a actualizar el marco legal de referencia del personal del sector público andaluz y a profesionalizar y despolitizar la Administración andaluza. El presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, también hace hincapié en el sentido conciliador de esta nueva norma.
Hoy se reúne el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. En ella va recibir luz verde este anteproyecto de ley de Función Pública con la intención de que pueda llegar a la Cámara Autonómica en verano y que sea una realidad antes de que termine la presente legislatura.
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