Cualquier resolución judicial que implique medidas cautelares en su favor servirá desde hoy para acreditar la condición de víctima de violencia de género. Con esta instrucción publicada hoy en el BOJA, el Instituto Andaluz de la Mujer intenta atajar un problema con el que se encuentra un tercio de las mujeres que solicitan las ayudas que oferta la institución. Las bases reguladoras de estas ayudas establecieron como documentos acreditativos la orden de protección, la sentencia condenatoria o un informe de la Fiscalía, obviando con ello otras pruebas que son consideradas en la Ley de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género.
Para 2020, la Junta tiene presupuestados 686.000 euros en dos líneas de ayudas para las mujeres víctimas de violencia machista. Actualmente, el IAM trabaja en unas nuevas bases para regular esta convocatoria que incorporen a las actuales, de 2016, las modificaciones legales introducidas desde entonces.
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